Una denuncia pública realizada por la regidora séptima de Tuxpan, Sara Hernández Pérez, encendió las alarmas sobre una posible situación de violencia política de género al interior del Ayuntamiento, apenas a seis meses del arranque de la administración municipal encabezada por Daniel Cortina.
A través de una publicación en redes sociales, la edil expresó que no permitirá más actos de presión en su contra, denunciando amenazas, hostigamiento e intimidación que, asegura, buscan frenar su participación y silenciar su postura dentro del Cabildo.
De acuerdo con personas cercanas a la funcionaria, las presiones estarían relacionadas con su postura crítica durante diversas sesiones, en las que ha manifestado desacuerdos sobre decisiones administrativas que, a su juicio, afectan directamente a la población tuxpeña.
La denuncia generó una ola de reacciones de respaldo en redes sociales, donde usuarios y colaboradores reconocieron su decisión de hacer pública la situación. Incluso, algunas voces señalaron presuntos actos de misoginia y obstáculos sistemáticos hacia mujeres servidoras públicas dentro del gobierno municipal.
También trascendió que algunos funcionarios habrían intentado minimizar sus declaraciones, atribuyéndolas a inconformidades por ajustes salariales aplicados al cuerpo edilicio. Sin embargo, allegados a la regidora rechazan esa versión y sostienen que su pronunciamiento responde a una problemática real de violencia institucional.
Sara Hernández Pérez encabeza las comisiones de Ecología, Medio Ambiente y Fomento Forestal; Transparencia y Acceso a la Información; Población; Desempeño; y Pueblos Indígenas y Originarios.
En México, la violencia política contra las mujeres en razón de género está tipificada y sancionada por la ley. Veracruz, además, cuenta con legislación específica para atender este tipo de casos, garantizando mecanismos de protección y acceso a la justicia para funcionarias que enfrenten agresiones en el ejercicio de su cargo.
El estado acumula antecedentes relevantes en esta materia, con alcaldes y exalcaldes sancionados por tribunales electorales por conductas que vulneraron los derechos políticos de mujeres en funciones públicas, lo que vuelve especialmente delicadas las acusaciones surgidas ahora en Tuxpan.
Deja un comentario