25 de Septiembre de 2026
Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado aprobaron el dictamen de la Comisiรณn Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales que reformรณ el primer pรกrrafo del Artรญculo 78 de la Constituciรณn Polรญtica del Estado de Veracruz y que suprime la declaraciรณn de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de Concejos municipales y de las sindicaturas.
El dictamen, que registrรณ una votaciรณn de 38 a favor, 9 en contra y una abstenciรณn, emitido por la instancia legislativa integrada por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sรกnchez y Diego Castaรฑeda Aburto y por la diputada Naomi Edith Gรณmez Santos, presidente, secretario y vocal, respectivamente, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 17 de septiembre por la gobernadora de Veracruz, Rocรญo Nahle Garcรญa.
La Comisiรณn coincide con la propuesta de suprimir la declaraciรณn de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de concejos municipales y de las sindicaturas. โEsta figura constituye una condiciรณn para proceder penalmente respecto de determinados cargos, pero no implica una determinaciรณn sobre la existencia de un delito ni sobre la responsabilidad de la persona seรฑaladaโ, aรฑade.
Precisa que con esta reforma, las autoridades competentes podrรกn ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaraciรณn del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstรกculo para la investigaciรณn y persecuciรณn de los delitos. La modificaciรณn se limita a los cargos expresamente seรฑalados y mantiene sin cambios el rรฉgimen de las demรกs personas servidoras pรบblicas comprendidas en el primer pรกrrafo del artรญculo 78 constitucional.
La instancia legislativa detalla que los Artรญculos 110 y 111 de la Constituciรณn Polรญtica de los Estados Unidos Mexicanos establecen regรญmenes de responsabilidad para determinadas autoridades locales, entre ellas las personas titulares de los poderes ejecutivos, las diputaciones y ciertos cargos judiciales, sin incluir a las autoridades municipales dentro del procedimiento previsto en el artรญculo 111 por delitos del orden comรบn.
De igual forma, ejemplifica legislaciones locales en las que las presidencias municipales y demรกs integrantes de los ayuntamientos no requieren una declaraciรณn previa del Congreso para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente en su contra.
En Puebla, las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catรกlogo de servidores pรบblicos sujetos a declaraciรณn de procedencia; en San Luis Potosรญ, la reforma constitucional de 2017 eliminรณ ese procedimiento; y en Guanajuato y Querรฉtaro la responsabilidad penal de integrantes de los ayuntamientos se regula sin hacer depender necesariamente el inicio del proceso penal de una autorizaciรณn previa del Poder Legislativo.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Alejandro Porras Marรญn subrayรณ que quien ejerza el poder pรบblico no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe recibir un trato de excepciรณn solo por tener un cargo. Agregรณ que la modificaciรณn legal no declara culpable a alguien en especรญfico y que no se sustituye a la Fiscalรญa ni a juezas o jueces; ejemplificรณ que a nivel nacional tres de cuatro entidades cuentan con normativas en las cuales no se requiere una protecciรณn constitucional para munรญcipes e indicรณ que si la investigaciรณn corresponde a las instituciones y el fincamiento de responsabilidades a los Tribunales, el Congreso no debe mantener una autorizaciรณn previa para que la justicia pueda actuar.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de Mรฉxico (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sรกnchez, anunciรณ su respaldo a la propuesta autorรญa de la gobernadora Rocรญo Nahle Garcรญa y considerรณ que la referida reforma es una medida contra la impunidad, โporque el cargo municipal no debe convertirse en una protecciรณn frente a la investigaciรณn penal, y asรญ lo recoge el dictamen cuando precisa que su propรณsito es evitar que ese requisito sea un obstรกculo para investigar y perseguir los delitosโ.
La bancada del Partido Acciรณn Nacional (PAN), en voz de su coordinador, el diputado Enrique Cambranis Torres, manifestรณ que la eliminaciรณn del fuero constitucional para todos los servidores pรบblicos la han propuesto siendo gobierno u oposiciรณn. Cuestionรณ que la reforma solo aplique para autoridades municipales y recordรณ que la declaraciรณn de procedencia es un mecanismo que bien puede perfeccionarse para hacerlo mรกs transparente y que opere con rigor.
La diputada Marรญa Elena Cรณrdova Molina, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), indicรณ que el instituto polรญtico al cual pertenece tiene una postura firme, โquien cometa un delito, que sea investigado; quien resulte responsable, que responda ante la justiciaโ. Puntualizรณ que no defiende a alguien ni facilita la impunidad, pero argumentรณ que la reforma tiene un problema de fondo, โno elimina el privilegio, decide quien lo conservaโ.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdรฉs Salazar precisรณ que el fuero no es privilegio personal, sino una figura establecida para proteger la funciรณn pรบblica, pues no se concede a una persona por ser quien es, sino al cargo que ocupa y mientras lo ocupa, โretirar esa inmunidad procesal para que presidentes municipales y sรญndicos respondan por la comisiรณn de delitos sin la intervenciรณn del Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicaciรณn de justicia selectivaโ.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo que no defiende privilegios ni a delincuentes; externรณ que en una democracia el poder necesita lรญmites y que el poder absoluto requiere lรญmites absolutos. Agregรณ que si bien la ciudadanรญa exige investigar todos los delitos perpetrados, la tarea de las y los legisladores es ocuparse de que las reformas sean implementadas correctamente.
El diputado Hรฉctor Yunes Landa adelantรณ su voto en contra del dictamen e informรณ que ha hecho un llamado a los Cabildos a expresar su rechazo a la reforma constitucional que el Congreso les harรก llegar. โla inmunidad procesal no significa impunidad y no significa que alguien sea intocable y que pueda cometer delitos, sin consecuencia; significa que habrรก un procedimiento previoโ.
En el debate en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdรฉs Salazar, Marรญa Elena Cordova Molina y Victoria Gutiรฉrrez Pรฉrez y el diputado Diego Castaรฑeda Aburto. En relaciรณn con las reservas, participaron las legisladoras Indira de Jesรบs Rosales San Romรกn y Luz Alicia Delfรญn Rodrรญguez.
Deja una respuesta